Gratuidad Universal
Santiago, 30 de julio de 2014.
Pesa la imperiosa necesidad de no recurrir a simples anuncios y ponderar mejor las prioridades.
La gratuidad de la universidad ha generado controversia a raíz de declaraciones del Ministro en que se confundió su afirmación sobre la extensión de las carreras con la disposición fiscal a financiarla. Posteriormente la Presidenta aclaró que se desea instaurar gratuidad universal, abriendo así temas relativos a financiamiento y cobertura. Si se tratara de todo el sistema universitario a los aranceles vigentes y con las actuales coberturas, la gratuidad costará cerca de casi 2 puntos del PIB, es decir casi 2/3 del producto de la reforma tributaria.
Además se necesita al menos 1 punto del PIB para financiar educación preescolar y reemplazar el copago que se eliminará en la educación subvencionada. Como resultado, habrá pocos recursos para incrementar el aporte que necesita la educación del Estado: otro par de puntos porcentuales entre la educación municipalizada y el aporte basal a las universidades estatales, sin siquiera hablar de investigación. Es decir, es evidente que el concepto de gratuidad universal debe hacerse compatible con los recursos disponibles y ser más realista. Pero lo que sí es claro, es que al nivel de generalidad que está ocurriendo la discusión, es muy difícil tener juicios determinados, por lo cual se hace imprescindible razonar un buen diseño de la política pública.
La universidad gratuita es un buen propósito, pero hay que decir que ello se contrapone con el objetivo de equidad que envuelve el programa del actual gobierno. También topa con la urgente necesidad de atender prioridades sociales como las pensiones y la salud, que esperan por un subsidio significativo del Estado. Y es necesario compatibilizar las propuestas en su fundamento e implicancias financieras. Aquí, nuevamente, pesa la imperiosa necesidad de no recurrir a simples anuncios y ponderar mejor las prioridades que deben surgir, no de la presión de la calle, sino del liderazgo y el diagnóstico meditado y específico de las políticas a seguir.