14 de Marzo del 2014
DESDE MI SITIAL
Luis A. Riveros
EL RETO DE LA EDUCACION PUBLICA
Hace poco la opinión pública conoció una columna de opinión del señor Rector de la Universidad Católica de Chile acerca de la educación pública, en la que planteaba el significado e importancia que la misma reviste en nuestra sociedad. Para muchos resultó curioso que esta verdadera defensa de la educación pública haya sido efectuada por el Rector de una universidad tradicional privada, que establece como su objetivo “hacer un aporte válido para el ordenamiento de este mundo, a la luz de la Revelación cristiana” y que tiene por misión “anunciar el Evangelio a todos los hombres y en todos los ambientes”. Es una universidad que participa en la obra misionera de la iglesia, y no una institución de carácter público al servicio del desarrollo del país, ni que en modo alguno siga lineamientos u obedezca prioridades del Estado chileno. Es, sin embargo, una institución partícipe de la vocación pública que comparten otras instituciones educacionales privadas.
La reflexión sobre qué es efectivamente lo “público” en materia de educación, y cuál efectivamente su misión en nuestra sociedad es de gran importancia. Por cierto, de aquí se derivan una serie de aspectos de política pública, que tienen que ver con control, gestión y financiamiento de las universidades e instituciones educacionales en general. En el actual esquema de política vigente en Chile se ha llegado a incluir como “públicas” a todo tipo de instituciones privadas subvencionadas por el Estado bajo el argumento de ser “colaboradoras” del hacer educacional del Estado. En la década de los años sesenta se otorgo financiamiento estatal a seis universidades privadas, las cuales adquirieron la connotación de “interés público” por esa razón, además ciertamente porque han atendido tradicionalmente prioridades nacionales y programas de interés para el desarrollo del país. Pero es indudable que instituciones públicas de educación e instituciones de vocación pública, mantienen una fundamental diferencia con relación al grado de ingerencia (potencial al menos) que debe tener el Estado en términos de fijar prioridades, y orientar la gestión y financiamiento público.
Lo público parte de la definición de la misión institucional: al servicio del país, sin ningún tipo de discriminación y apartándose de valores que, respetables como son, adscriben la educación a un cierto ámbito de ideas o valores. Por eso, lo público se une al carácter laico en el sentido de que las Escuelas y Universidades públicas son en su hacer tolerantes y abiertas con respecto a distintas visiones de Dios y a diversas expresiones en materia religiosa. Nada debe contagiar la mente joven para avanzar en la formación y la búsqueda de la verdad decía don Pedro Aguirre Cerda, no obstante ser el respeto por una educación religiosa que siempre prevaleció en la República. Pero de allí a convertir a este tipo de enseñanza en uno de carácter público, existió siempre una distancia respetuosa pero significativa. Instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional y la Universidad de Chile, de carácter público y estatal, pusieron como eje de su misión el servir al país y a su desarrollo, aportando inteligencia y crítico espíritu de búsqueda en una línea de educación laica. Quizás eso sea todavía lo que distingue a una institución de educación pública de aquellas otras que comparten una “vocación pública” fortalecida por subsidios del Estado, pero siempre en la línea del servicio a una prioridad no necesariamente nacional. Y es correcto: los privados no deben ser excluidos del servicio público, a pesar de sus misiones distintas que muchas veces, como en los casos de la Universidad de Concepción y Austral de Chile, se acercan a las tareas de una institución pública pura.
¿Sirve esta distinción entre lo público y estatal y aquello que se puede resumir bajo el concepto de “vocación pública”? En el actual esquema de política educacional no sirve de mucho. Las instituciones públicas son obligadas a autofinanciarse, y por lo tanto a desvirtuar mucho de su misión por el servicio a objetivos puramente privados. La educación pública “municipalizada” es forzada a competir con lo privado subvencionado por el propio Estado, adaptándose así a un estándar que ideológicamente las hace equivalentes o comparables. Y el concepto de lo “estatal”, tan inherente a lo “público” se ha diluido en medio de un decaimiento fundamental del mismo a todos los niveles, siendo sustituido por cobro a los usuarios en unos casos o por el simple decaimiento en calidad y cobertura en otros. Siempre se subsidió a la enseñanza privada superior, porque se entendió su significativa colaboración con la labor del Estado. Pero en el intento unilateral de eliminar el Estado docente, se dejó de financiar lo público llevando a intentar su equivalencia con lo privado, y descuidando totalmente el contenido misional de unos y otros. En el caso de la educación básica y media fue aún peor: el Estado comenzó a subvencionar a privados para que compitiesen con las instituciones del propio Estado, en una competencia desigual y cuyos ganadores eran totalmente predecibles.
Las instituciones de educación pública no son solamente diseñadas para acoger a los más desventajados. Constituyen el instrumento eficaz con que el Estado da señales pertinentes sobre el estándar de calidad que debe envolver la educación en su conjunto; así fue en el pasado cuando la Universidad de Chile marcaba el estándar que el sistema universitario procuraba alcanzar. Así lo era también el Liceo Fiscal y la Escuela Pública, que marcaban una señal contundente sobre el estándar de calidad que la educación como un conjunto debía sostener. Y es así en muchas partes de mundo, incluyendo las más notorias economías de mercado, en donde un sustantivo financiamiento y apoyo a la educación pública y estatal es un fundamento del hacer educacional del conjunto, llevando a elevar los indicadores de calidad de todo el sistema. Por eso se concibe al financiamiento de la educación pública el estratégico carácter de constituir recursos para el mantenimiento del estándar educacional que el país quiere alcanzar, para lo cual el envolvimiento del Estado es crucial no sólo en lo financiero, sino también en la efectiva dirección en los aspectos sustantivos que interesa extraer de una buena educación.
Ha hecho bien el señor Rector de la Universidad Católica de Chile en recordar la importancia de lo público en materia educacional. Eso debe abrir el debate profundo en estos tiempos en que se plantea la disyuntiva de innovar profundamente o de seguir haciendo más de lo mismo. La réplica del modelo, según algunos, debe continuar pero con aún más recursos públicos, implicando así que la única responsabilidad del Estado se reduciría a proporcionar recursos por diferentes vías, especialmente hacia los estudiantes. Sin embargo, es necesario un cambio que parta de la base de un nuevo rol del Estado en materia de educación, introduciendo activamente el control, la necesidad de mejor información y financiamiento en base a resultados y tareas misionales. La verdadera reingeniería que requiere el aparato educacional debe partir de la intención de construir una educación pública que sea un instrumento decisivo para lograr lo que desea alcanzar el país en materia de eficiencia y equidad del sistema en su conjunto y la sociedad como un todo.
Los indicadores internacionales sitúan a la educación chilena en un lugar muy desmedrado. No puede ser que la macroeconomía de Chile figure entre los 20 mejores países, que la competitividad lo ubique entre los 30 mejores, pero que nuestra educación no descienda de los lugares 60 o 70. Hay un desbalance que pone en riesgo nuestro futuro de manera notable, y ese es el reclamo que subyace a las protestas en educación. No podemos ser país de primera clase si la educación se mantiene al nivel de desmedro en calidad como lo hemos venido observando. Por lo tanto hay un cambio que se precisa, y éste debe emanar de un Estado más activo para proporcionar señales adecuadas y hacerse de instrumentos apropiados para lograr un sistema de mayor calidad y menos inequitativo que el que tenemos actualmente.
La clara diferencia entre instituciones públicas y otras de vocación pública, es esencial. De allí se deben derivar diversos criterios de financiamiento y debido control, además de la consecución de políticas que instauren a la calidad como el patrón central del hacer educativo, cosa que no se consigue de una sola vez, sino con un continuado esfuerzo. Esto no ha de significar reconstruir el Estado Docente de mediados del siglo pasado. Se trata de poner al Estado en el cumplimiento de su misión central en educación: proteger los efectos que la misma debe tener en una perspectiva de futuro. Esa es la discusión central, y ella debe favorecerse por las definiciones que se establezcan sobre las instituciones educacionales de carácter público y aquellas que adhieren a una declarada vocación pública.