Profesor Luis Riveros Cornejo

Prof. Luis A. Riveros

Reforma Universitaria EDICION ABRIL 2014

01 de Abril del 2014

DESDE MI SITIAL

Luis A. Riveros

La Universidad de Chile fue fundada como la “Universidad del Estado de Chile”, puesto que se constituía en el gesto más palmario de la independencia nacional en consolidación, y una expresión viva de la consolidación republicana en construcción. De ahí el concepto de universidad nacional y pública, puesto que del acto fundacional, tan bien retratado en el discurso de Bello, emanaba un compromiso y una responsabilidad para el Estado. El mandato se refería a lo que tantas veces aludió Bello referido a una entidad preocupada prioritariamente de los temas de país, de los aspectos relativos a las prioridades nacionales que no deberían ser, por motivo alguno, una preocupación derivada a las entidades privadas. Y una responsabilidad para el Estado, puesto que el concepto de lo público se refería a la estrecha ligazón de la Universidad de Chile con los objetivos de política de corto y largo plazo del gobierno nacional, quien debería proveer financiamiento suficiente para que esta universidad de carácter público, ligada directamente al servicio del Estado, pudiera cumplir sus tareas con adecuada normalidad, proveyendo el material pensante para la Nación en desarrollo. Hasta el surgimiento de la primera universidad privada a fines del siglo XIX, y luego de una sucesión de entidades de carácter privado que Domeyko denunciara como un simple artificio seudo académico, el sistema evolucionó normalmente puesto que era la Universidad de Chile la columna vertebral del sistema, donde incluso debían acudir las otras universidades a buscar la certificación de los estudios por ellas provistos. Como todas las universidades compartían un espíritu público, aunque no necesariamente en el mismo contexto de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado que eran públicas por constitución y reglamentación, además de dependencia fiscal de sus funcionarios y profesores, se acordó en la década de 1960 que todas compartirían un aporte del Estado que emanaba de los resultados de la venta del cobre. La Universidad de Chile recibía por esta vía casi un cien por ciento de su presupuesto regular.

La amplia comercialización que vivió la educación en la década de 1980 no dejó fuera al sistema universitario, que con extrema liberalidad vio aparecer nuevas entidades llamadas “universidades privadas” que operaban comercialmente sujetas a un curioso precepto de “sin fines de lucro”, totalmente ajeno a las prácticas de la época incluso en el llamado mercado educacional. Aquí fue que las universidades privadas “tradicionales” que se distinguían claramente de las universidades privadas “puras”, establecen una clara división de aguas. Por una parte, porque aquellas habían logrado madurar como instituciones universitarias, después de varias décadas de existencia. Por otro, porque seguían conservando el aporte directo del Estado chileno, que era una cantidad anual de recursos sobre lo que no tenían que dar cuenta alguna y que financiaba el presupuesto de entidades cuyo fin público era las más de las veces cuestionable en el marco de los viejos principios republicanos. Por cierto, el juicio predominante es que estas universidades privadas eran “públicas” por tradición y vocación, mientras que las nuevas privadas no lo eran. Así subsistió una situación un tanto paradójica, en que las universidades privadas “tradicionales” recibían un aporte directo del Estado chileno en condiciones de total liberalidad respecto de dar cuenta del uso de tales recursos. Eso mientras la Universidad de Chile y el resto de las universidades estatales, recibían también un aporte bastante menor como parte del presupuesto global, en circunstancias pero obligadas no sólo a dar cuenta de los recursos utilizados sino también a preservar en su uso todas las reglas fiscales y las auditorias e inspecciones de la Contraloría General de la República. Se creó así una gran asimetría al interior del conjunto de universidades tradicionales, que subsiste hasta hoy y al cual es necesario darle un nuevo orden.

El ordenamiento que requiere nuestro sistema universitario es multifacético, y responde a una gran cantidad de distorsiones que se han generado en el tiempo y que no han sido abordadas después del retorno a la democracia. Han sido ya treinta años de un crecimiento significativo en cobertura, pero de un cuestionable desarrollo en materia de calidad del trabajo académico y de la generación de un inadecuado sistema en vistas a su organización e incentivos prevalecientes. Cuatro áreas de cambio son fundamentales de acometer.

En primer lugar, debe crearse una efectiva instancia de diálogo entre la autoridad y el sistema universitario, lo cual requiere una organización distinta al actual Consejo de Rectores, y debe incorporar a todo el sistema que está actualmente operando y necesita orientaciones de política y regulaciones más adecuadas. En esta misma línea, debe existir un Consejo de Universidades Estatales, organismo donde el Estado a través del Gobierno, debe instaurar las orientaciones y decisiones más convenientes en el marco de una política pública universitaria en las instituciones que son de su propiedad, propiciando su adecuada coordinación. El Estado puede aprovechar muy bien esta instancia para desarrollar una política de estándares de calidad que el sistema necesita para su desarrollo. En segundo lugar, es conveniente fijar el criterio de lo “público” que orientará al sistema en el futuro, que debe estar centrado en la producción de bienes y servicio públicos que debe ser el fundamento para el otorgamiento de subsidios públicos. Esto requerirá que las universidades privadas muestren resultados frente a los recursos obtenidos, especialmente en materia de investigación y creación que satisfaga objetivos nacionales. En tercer lugar, deberá definirse con premura el criterio sobre gratuidad de la educación especificando las instituciones, carreras y demás condiciones que estarán vinculadas a esta política en el entendido que ella no será transversal y universal, y que requerirá, además, ciertas especificaciones en materia de fijación de aranceles. En cuarto lugar, el Estado debe financiar en forma suficiente a las universidades que son de su propiedad, sujeto ello a una reingeniería del sistema estatal y al establecimiento de pautas de cumplimiento de tareas y cuenta pública de resultados.

Se trata de un plan ambicioso pero necesario, para dar marco de calidad a la expansión que ha experimentado el sistema universitario chileno. No es suficiente la acreditación, sino que también un adecuado marco de política pública que establezca regulaciones, limitaciones y estímulos de financiamiento, en el espíritu de una política pública definida en base al interés de país. Para que esta visión sea exitosa, es necesario reponer a la Universidad de Chile como la institución líder del sistema. En los últimos años ha predominado un aletargamiento en su liderazgo académico, especialmente en las materias en que tiene gran responsabilidad como es la investigación básica y aplicada. Necesita poner en orden sus proyectos más importantes, hasta ahora también con problemas visibles, como son el Hospital Clínico, el proyecto de Parque Científico y Tecnológico en Carén y la reconstrucción del Campus Juan Gómez Millas. Necesita revisar con cuidado su institucionalidad para ponerla al servicio de un proyecto académico de futuro, y no para simplemente mirar hacia lo que se ambicionaba en el pasado. El decaimiento de la Universidad de Chile no sirve al país ni a los intentos necesarios para sacar de su crisis al sistema universitario. Por eso la tarea interna en aquella institución es decisiva para salir delante de sus dilemas, y también la tarea que desde fuera se hace indispensable cual es la de proporcionarle un financiamiento acorde al sueño de don Andrés Bello: Una Universidad para Servir a Chile y a las Necesidades de su pueblo!!

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